En las últimas horas el Ejecutivo municipal presentó el proyecto de ordenanza para habilitar una planta ilegal pero necesaria para los negocios privados. Araucaria Energy, el presidente Macri, la gobernadora Vidal y la gestión local de Oscar Luciani conformaron un cuarteto que se mueve al compás de las complicidades. Se trataría la próxima sesión, por lo que ahora la pelota la tienen los concejales.
Por la tarde de este viernes la gestión del intendente Oscar Luciani envió al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que tendrá tratamiento la próxima sesión y en donde se intentará darle la aprobación a la central termoeléctrica ilegal de Araucaria Energy. Son 170 páginas donde, hacia el final, se genera puntualmente un proyecto de ordenanza que consta de breves páginas argumentativas a modo de resumen del cuerpo total.
«Créase en el Área Rural la Zona de Uso Específico: Infraestructura de Servicios, Estaciones y Subestaciones de Transferencia de Energía Eléctrica en el marco del Artículo 7, inciso j) del Decreto-Ley 8912/77, con destino a la instalación de una Central Térmica de Generación de Energía Eléctrica», establece el primer artículo de la ordenanza que está acompañada por argumentos que intentan explicar el proyecto.
De esta manera la zona donde está la termoeléctrica será considerada Industrial Exclusiva: con barrios y escuelas alrededor, una industria de tercera categoría se hará paso en Luján, echando por tierra los avances en materias ambientales y en ordenamiento territorial. Ambas normas, votadas por unanimidad y constantemente discutidas serán borradas para dar paso a un negocio que comenzó ilegal, continuó extorsivo y terminará escandaloso.
Argumentos oficiales o «la historia oficial»
En el punto I de los «considerando» se recorre brevemente los antecedentes de lo que derivó en la paralización y derogación de la zonificación inicial. Relatando de manera capciosa los hechos, en los apartados que continúan se comienza a argumentar en base a los sucesos escogidos, claramente distorsionados.
Así, en el apartado II, menciona los diversos informes de las universidades, los cuales fueron realizados por la misma empresa interesada. Es decir, juez y parte: con esos análisis la gestión avala que todo está bien, «en orden» y correcto. Avanza en la redacción explayándose sobre la «no cercanía» y el «no impacto a la zona», como también subestima las emisiones acústicas y gaseosas, expresando normativas o sellos que nada garantizan en la práctica.
Esto queda confirmado en los puntos 8 y 9, donde además de poner por delante la tendenciosa opinión académica, deslinda la responsabilidad a «los controles a cargo de los órganos competentes». Y allí agrega que se le pedirá a la empresa un plan de monitoreo previo a la operación y monitoreo en línea, algo impracticable desde las facultades municipales que carece de equipos técnicos o trabajan a merced de las decisiones políticas del intendente, haciendo la vista gorda cuando sea necesario.
En el III capítulo, ingresa la cuestión legal. La jurisdicción federal en materia de energía es la excusa para una salida nada elegante. Los fallos utilizados coinciden en el plano argumentativo con lo anticipado por Ladran Sancho. La ley 15.336 y la 24.065 son los paraguas donde la gestión local y los concejales oficialistas se guarecen de una lluvia interminable de irregularidades que inundan cualquier argumento municipal.
El caso de la hidroeléctrica de El Chocón SA C/ Provincia de Buenos Aires, el de la distribuidora Edenor C/ Municipalidad de General Rodríguez fueron los dos seleccionados finalmente, más un dictamen de Procuración que luego la corte adhiere, en un caso de la ciudad de Pilar definido en 2011.
Otro de los argumentos es el Programa de Sustentabilidad Energética para la Provincia de Buenos Aires y el rol del sistema solidario para realizar obras de transporte y distribución denominado FITBA donde se encuentra la Cooperativa Eléctrica de Luján. Llamativa e insistentemente se hace mención a la distribución y transporte, algo que nunca se pidió limitar desde los reclamos vecinales, sino su instalación ilegal. Completan la exposición con la tan mentada Emergencia Energética, en un extraño nudo discursivo que contradice lo manifestado por funcionarios nacionales meses atrás.
En el punto IV y V se ataca a la ordenanza que prohíbe a las empresas de tercera categoría. «Constituye una falacia la afirmación de que la norma dictada por el Deliberativo era violatoria de lo establecido por la 6224», declara el escrito, en relación a la famosa votación donde se aprobó la rezonificación para Araucaria.
La explicación señala que no puede violentarse una norma que no se halla vigente: es decir la ordenanza que prohíbe las industrias de tercera categoría «no registra convalidación provincial» y -dicen- carece de vigencia. Y continuan: en caso que se mantuviera vigente -exponen- la ordenanza que habilita a la termoeléctrica constituye un acto legítimo del Concejo Deliberante. Además, es parte de la defensa lo referido al anexo que figura en la ordenanza 6224 y la inexistencia de las termoeléctricas en dicho listado.
Futuro complejo
La gestión municipal a cargo de Oscar Luciani, con sus responsables materiales Marcelo Gutiérrez y Carlos Patetta, mandó una bomba de tiempo al Concejo Deliberante. Incluso las artimañas despiertan tantas suspicacias que el expediente utilizado es de 2017, algo que le da plena habilitación para la discusión inmediata y prescindir de las firmas de los concejales de la comisión de urbanismo.
La pata judicial va directo a ser el camino que mantendrá firme el reclamo de las vecinas y la comunidad de Luján. Sin embargo cae ahora una responsabilidad central a la oposición política. La no habilitación a la termoeléctrica, la oposición a tamañas irregularidades y el rechazo a una industria ilegal, plagada de inexplicables «errores», no se votan levantando la mano por el negativo en la sesión. «Se vota con la presencia -o no- en la banca», circula vox populi en el Concejo, pero con otra palabra que se prefiere no usar.
El juego de no dar quórum deliberativo, usado por Cambiemos en la última sesión extraordinaria y ante una situación grave, da cauce a la reformulación de las estrategias políticas del arco peronista.
Con una historia negra, Araucaria Energy está a las puertas del cielo de los negocios: sin historia en el rubro, armada para garantizar negocios nada provechosos para la ciudad, con vínculos presidenciales y políticos fortísimos, la suerte parece echada. Y se dará paso así a una novela de presiones y amenazas, donde el capítulo final se encamina a ser escrito, sin más chance de titularse cual novela de Gabriel García Márquez.