Todo Cambiemos se aboca a la búsqueda de argumentos que posibiliten a los concejales oficialistas aprobar una nueva salida y le dé los permisos a la termoeléctrica ilegal que se encuentra en Luján. Al menos dos fallos de la Corte Suprema de la Nación serán usados por el Ejecutivo para tomar letra y armar un nuevo proyecto de ordenanza.
Algunos días atrás el bloque de Concejales de Cambiemos tuvo una reunión donde hubo una actualización del Araucariagate, el caso de la termoeléctrica ilegal que está a punto de comenzar a funcionar, pero que no tiene los permisos legales correspondientes y deberá pasar por el Concejo para obtenerlos.
En dicho cónclave se revisaron los informes de las universidades y, de esos análisis, «no han surgido datos nuevos», algo que resulta lógico debido a que fueron hechos en base a la información de la empresa. Pero el tema legal, respecto a la salida del conflicto vía argumentación de que «la central termoeléctrica responde a jurisdicción nacional y no municipal», arrojó estrategias concretas en el mismo sentido que vienen pensando desde el Ejecutivo y el bloque Cambiemos.
Desde las órbitas oficialistas comentan sobre el papelito de Alcides. Una anotación en la cual el ex Secretario (formal) de Legal y Técnica sacó a relucir directivas judiciales con al menos dos fallos de la Corte Suprema de la Nación, donde -según expresaron en el encuentro matutino- se encontraron argumentos que sirven para diagramar lo que enviará el Ejecutivo al Concejo Deliberante.
En lo concreto, el intendente enviará el informe final y la propuesta de proyecto, que seguramente va a tener modificación del Bloque Cambiemos, pero será un envío de Oscar Luciani, a quien las presiones de provincia y nación no dejan de acecharlo. El intento será lograr el reconocimiento que la termoeléctrica no es jurisdicción local y por lo tanto «hay que habilitar lo que piden».
Fallos, fallidos, fallutos
En la estrategia municipal inicialmente llama la atención los fallos elegidos, ambos de la década de los 90. Uno de los puestos en consideración es «Líneas de Transmisión del Litoral S.A. (LITSA) c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa» y otro sería el conocido como «Edenor c/Municipalidad de General Rodríguez, 1999». Dichas sentencias son de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tomados de instancias que expresamente la empresa Araucaria Energy no quiere, ya que elige la justicia provincial para sus litigios. Pero como algunos artículos otorgan pretextos para avalar la instalación de la termoeléctrica, todo vale.
El caso correntino sería la punta de lanza ya que ofrece artículos que la gestión de Oscar Luciani cree pertinente, más allá que el caso no habla de la instalación de una empresa termoeléctrica o de generación de energía, sino de la distribución y de la traza de las líneas de distribución.
Allí se pide la inconstitucionalidad de dos leyes pero una de ellas es una ley posterior que modifica la traza de la distribución, es decir sancionado luego de la licitación del servicio y adjudicación a la empresa, algo totalmente diferente a Luján.
En el caso de Corrientes la normativa se hizo después y entra en colisión con la Ley de Energía, algo que lógicamente no puede suceder. El punto importante es: en Luján no se habla de una decisión del municipio que contradice la Ley de Energía o la licitación pública, ya que ni el ejecutivo ni el deliberativo hicieron normas contrarias a lo que se pide en la licitación.
La defensa de la gestión de Cambiemos intenta abrazarse a un fallo donde se declara la inconstitucionalidad de una ley que dice cómo tienen que ser el proyecto y el plan de la obra en cuestión. Pero en nuestra ciudad no se trata de eso, en aquel caso se quiso hacer que una ley -provincial- diga cómo debía hacerse la licitación y eso sí puede ser facultad del Poder Ejecutivo Nacional por la ley de energía, algo legalmente aceptable. Pero en el caso de Luján tampoco es así.
El Araucariagate, con su termoeléctrica instalada de modo ilegal en Luján -y varias más tanto en provincia de Buenos Aires como en Córdoba- nace a partir de una licitación pública nacional que establece lugares donde hay nodos de conexión al Sistema Argentino de Interconexión de la energía ysugiere que al elegir el lugar donde se tenga que implantar las centrales termoeléctricas, se tengan en consideración los nodos existentes. Por eso se oferta Luján, Matheu, Villa María en Córdoba, etc.
Ahora bien, los empresarios que se presentan deben elegir en qué lugar pero no es facultad del Gobierno Nacional decirle en qué parcela o ciudad. Eso depende de la decisión de la empresa, que hace sus análisis de costos y beneficios: en nuestra ciudad quiere ahorrar inversión a costa de funcionar a metros de casas y escuelas; ilegalmente, presionando a los concejales y utilizando el poder político.
¿Permiso municipal, habilitación provincial? Al cabo que ni quería
Lo que más se cae de maduro de la salida desesperada que quiere hacer el intendente y sus concejales es la negación de los propios trámites que inició Araucaria Energy. ¿Por qué la firma -que tiene lazos carnales con el Ejecutivo Nacional- pidió permisos provinciales cuando según el gobierno local, todo depende de otras normativas federales?
Por las leyes vigentes, que son generales y previas (muchísimo antes que la licitación) es facultad tanto de la Provincia de Buenos Aires, vía Autoridad del Agua y OPDS, como del Municipio -con su certificado de aptitud del suelo- determinar la factibilidad en el caso de las termoeléctricas.
El certificado de zonificación lo tiene que otorgar el municipio porque es algo que responde a leyes provinciales. Existe el Decreto de ordenamiento territorial que establece las formas que deben dictarse las zonificaciones y los códigos de zonificación, entre otras directivas. Por lo tanto son leyes generales de aplicación obligatoria de orden público que son previas a cualquier licitación.
El hecho innegable es que la misma empresa solicita la categorización y pide el certificado de zona en el municipio: es decir que acepta y no está en desacuerdo con la aplicación de las leyes, al contrario. Araucaria Energy lo sabe, pero no esperaba encontrarse con trabas que generalmente se solucionan vía guiño guiño.
El procedimiento para la radicación reside en la decisión de una industria en establecerse en un sitio y allí pide que se otorgue el certificado de zona. El municipio verifica, como también el OPDS. Al establecerse que es Tercera Categoría debe decirle a la empresa que la zona que eligió no es apta y debe establecerse en otro sitio.
Algo huele mal en Dinamarca y en Luján también
Una zonificación ad hoc, o sea hecho especialmente para un fin determinado o pensado para una situación concreta que se hace específicamente para una empresa, es claramente inconstitucional e ilegal y va contra el proceso de zonificación. En el proceso de ordenamiento territorial debe haber participación ciudadana, audiencias públicas, estudios previos. Ahí el Concejo Deliberante zonifica y hace una zona comercial, residencial o industrial respecto a parámetros que tienen que ver con la ciudad.
Lo que huele mal y es sospechoso es la determinación de una zonificación para beneficiar exclusivamente a una empresa. Es decir definir el uso de dicho suelo no debe hacerse para una empresa, sino para un Partido o una ciudad. Esto habilita a que a futuro la empresa pueda irse y la zonificación quede. Pero el ordenamiento es al revés: la industria tiene que lograr la autorización en función de la zonificación que ya está. Araucaria Energy eligió un lugar que está mal seleccionado y tiene que elegir uno que respete las zonas industriales.
C’est fini, bajando el martillo, levantando las manos.
En definitiva la ordenanza que prohíbe la industria de tercera categoría es el otro escollo a sortear que también intentará ser salvada mediante el argumento de la cuestión nacional.
En este sentido fue el pueblo de Luján con sus representantes que eligió hacer esa ordenanza y se debe cumplir ya que va en dirección del desarrollo sustentable que respeta el principio de progresividad con el cual en aquellos años se estableció que se debía mejorar el distrito, con la tendencia mundial de no volver para atrás en estándares más contaminantes.
Incluso el contexto actual donde el gobierno declaró al año en el que se dieron las licitaciones como el «Año de las energías renovables«.
Así, los concejales deberían derogar la ordenanza que impide las prohibición de empresas de tercera categoría en todo el partido de Luján y allí atenerse a las consecuencias de lo que le exigirá la comunidad, pero no es factible evitarla excusándose por una ley nacional. La ordenanza 6224 no impide nada al proceso licitatorio sino que Araucaria Energy eligió mal el lugar. O bien, según sus intereses, claro.
Los papeles, carpetas y fallos seguirán acumulándose en el Ejecutivo local para llegar al mes siguiente con un proyecto concluido y que le dé la posibilidad de poner en regla una de las industrias más debatidas tras el caso Curtarsa.
Mientras tanto la construcción y puesta en marcha sigue su rumbo, con un intendente que trabaja para la legalidad artificial de Araucaria Energy. Total, el costo político a pagar por tamañas ilegalidades puede saldarse para cualquiera que tenga a los financistas operando en la ciudad.