¿Cómo afecta la ausencia de una ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Luján? ¿Por qué es importante pensar el aborto desde lo local y contrastar los sucesos de aquí con lo que ocurre a nivel nacional? ¿Qué cuestiones invisibilizan los debates superficiales que tildan a unos de pro-vida y a otros de abortistas?

A continuación, se abordan algunos puntos nodales sobre el tema, desde los vericuetos legales, el impacto en la salud pública, hasta las imposiciones detrás de la decisión que permite o no elegir a las mujeres sobre nuestros cuerpos.

La negación histórica

En noviembre de 2017, el Hospital Nuestra Señora de Luján fue denunciado por no garantizar el acceso al aborto a una paciente que se encontraba dentro de las circunstancias autorizadas por el Código Penal. Las razones combinaron a médicos de la institución que se declararon como “objetores de conciencia” con el manejo discrecional propio de la dirección del nosocomio.

Esta situación no fue una excepción en el sistema de salud. En el año 2012, la Corte Suprema de la Nación dictó un fallo para terminar con las diversas interpretaciones que se realizaban del artículo 86: cualquier mujer que vea en riesgo su vida o salud como cualquiera que haya sido sometida a una violación puede acceder al aborto.

El máximo tribunal exigió que no se judicialicen más los casos e instó a que las autoridades nacionales y jurisdiccionales elaboren protocolos para hacer efectivo el derecho al aborto.

El suceso ocurrido en nuestra ciudad, confirmó lo que muchas investigaciones sobre aborto no punible sostienen: a pesar del Código Penal y del fallo de la Corte todavía se presentan dificultades en el acceso. En principio, los Protocolos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) no son iguales en todas las provincias.

En noviembre del 2017, Amnistía Argentina elaboró un mapa indicando las jurisdicciones que sí se ajustaron a lo dispuesto por la Corte, las que tienen protocolos restrictivos y las que -seis años después- aún no elaboraron ninguno.

El mapa del protocolo para la interrupción legal del embarazo (ILE) – Amnistía Argentina

La provincia de Buenos Aires es una de las siete jurisdicciones con protocolo restrictivo. En octubre del 2017, la gobernadora María Eugenia Vidal anuló la resolución que adhería al Protocolo Nacional, dando marcha atrás con la práctica de interrupción del embarazo en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS).

Una trabajadora de la salud de nuestra ciudad explica cómo impactó la medida: Hace un par de meses la gobernadora cambia la legislación, y vuelve a la que hablaba sólo de los casos de violación y de deficiencia mental. Esto empieza a trabar todo.

Al ser consultada sobre cómo se atendían los casos de aborto no punible en nuestra ciudad, relató: “La mujer embarazada de menos de 12 semanas, se realizaba en el CAPS el tratamiento con misoprostol y, cuando tenía más de 12 semanas, iba al hospital. Donde de tal día a tal otro se atendía y se realizaba la interrupción. Esto no pasó más. La  misma gestión local que permitía las consejerías, previstas en el protocolo de educación sexual integral, y la intervención del CAPS antes de las 12 semanas, ahora ante cada caso que llega te exige derivarlo al Hospital. Esto produjo que los casos que tenemos conocimiento -desde que cambió la normativa- no funcionaron como debían”.

Foto: Victoria Nordenstahl

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en un documento del año 2016 declara que más de la mitad de las jurisdicciones del país aún no cuenta con una normativa que asegure, de modo efectivo, el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921. Pese a su marco legal, la realidad en Argentina se acerca mucho a la de los contextos legales en que el aborto está totalmente prohibido”.

Además, el organismo da cuenta de una larga lista de estrategias dilatorias que operan en contra del derecho al aborto legal y someten a mujeres y niñas a situaciones de violencia institucional.

Así, al uso abusivo de la objeción de conciencia de los efectores de salud y los protocolos que no cumplen con los estándares de la Corte se suman “la judicialización de las prácticas sanitarias para dilatar y obstaculizar los abortos; los sistemas de salud discriminatorios que repelen a mujeres y niñas a través de comentarios reprobatorios y mala fé del personal (proveedores de salud y funcionarios públicos)” entre otras.

Muchas de estas estrategias de obstaculización pueden verse en el sistema público de salud de nuestra ciudad. La trabajadora consultada, agrega en relación a los últimos casos de aborto no punible que “se termina realizando la interrupción, pero no de la manera que el Protocolo lo establece. Entonces hay que ir, hablar con los directivos, pasar por varios manoseos, la paciente transitar por un montón de situaciones de maltrato. No se preserva en ningún momento a la mujer”.

Elegir para vivir

Foto: Victoria Nordenstahl

“Yo soy militante de una organización, desde ahí conecto con otras mujeres, con otras organizaciones feministas. Yo planteo que no pasa por lo que uno cree o lo que uno siente, pasa porque la persona que tiene 30 mil pesos se lo hace tranquila y en un día se va a su casa y la persona que no tiene recursos, termina en el Hospital o termina muerta. Entonces, desde ahí es que me vinculo, antes que por el derecho de la mujer a decidir, por la injusticia social que esto genera”. Militante feminista, 30 años.

“Desde una situación personal es que me vinculo con la problemática del aborto. En un momento creí que estaba embarazada y no quería tener otro hijo, había sido madre hace poco, pero tampoco tenía la cabeza preparada para tomar una decisión así. Yo ya realizaba actividades de militancia y ahí me empiezo a encontrar con otras mujeres que me cambian la cabeza y me ayudan. Al conocer que nos pasaba a tantas, decidí involucrarme más. En los barrios y en muchos lugares, en general, todavía hay mucha desinformación con respecto a las prácticas de aborto. Pero el movimiento feminista ha sabido interpelar a mujeres de muchas ideologías diferentes, de muchas clases”. Militante feminista, 35 años.

Montones de testimonios cruzan la militancia de mujeres de nuestra ciudad con sus circunstancias personales y experiencias de vida. En relación al aborto, las mujeres que militan dan cuenta de que es una problemática que atraviesa a todas las clases sociales pero, la diferencia nodal es que mientras muchas mujeres pueden acceder a abortos clandestinos en clínicas privadas porque cuentan con los recursos o la información necesaria, otras ponen en riesgo su vida aplicando técnicas de aborto riesgosas.

Según la Organización Mundial de la Salud (2011) en el mundo se practican 42 millones de abortos inducidos por año, de los cuales 20 millones son seguros. De los abortos inseguros, 69 mil mujeres pierden la vida, lo que representa al 13% de las muertes maternas.

Otro dato a destacar es que, el 98% de esos abortos inseguros se realizan en países en desarrollo porque la mayoría de los países desarrollados tienen leyes que garantizan el acceso al aborto, siendo los países más permisivos aquellos donde se practican menos abortos.

Foto: Victoria Nordenstahl

Los países de la región que tienen al aborto inseguro como principal causa de muerte en mujeres gestantes son tres: Trinidad y Tobago, Jamaica y Argentina. En nuestro país el 30% de las camas de los servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales públicos están ocupadas por mujeres que ingresaron por abortos inseguros -alrededor de 53 mil internaciones anuales según datos del Ministerio de Salud de 2012.

Según una Estimación de la magnitud del aborto inducido que realizó el Ministerio de Salud de la Nación (2004), se calcula que se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos cada año. Estos datos confirman lo que los movimientos de mujeres de nuestro país vienen sosteniendo hace décadas: la prohibición del aborto no los evita.

Otro dato importante es que “no se conocen casos de mujeres a las que se les haya negado la práctica del aborto permitido por ley en el subsector privado de la salud”, es decir, el acceso al aborto tiene un “sesgo de clase” (Cuñado, 2013).

Foto: Josefina De Mattei

La prohibición sólo pone en riesgo la vida de las mujeres pobres y alimenta un mercado clandestino que lucra con su necesidad y desesperación. También los datos confirman la política de invisibilización que sostiene el Estado argentino sobre el tema, las cifras no están desagregadas ni hay fuentes oficiales actuales.

Una de las trabajadoras de la salud consultadas, en relación al registro de abortos en los CAPS, explicaba: “Nosotras estamos llevando un registro pero es muy reciente. El registro es una decisión propia, no hay una demanda desde arriba. Hay otras salas donde se registra por la historia clínica. La falta de estadísticas, de registros tiene que ver con la falta de preparación que todavía tenemos sobre el tema y eso pasa porque no hay una política de Estado”.  

Para Amnistía Argentina, hay tres problemas vinculados al registro de los casos: en principio; los diferentes profesionales registran de manera diversa información esencial sobre la salud porque no son instruidos con criterios unívocos, además; los datos tienen imperfecciones por la falta de capacitación en instrumentos de registro, por último; la utilización de clasificaciones internacionales muchas veces no permite dar cuenta correctamente de la condición de los pacientes.

Un programa integral para las micro-penalidades

Foto: Victoria Nordenstahl

La abogada e investigadora Agustina Ramón Michel explica que la penalidad del aborto mediante circuito judicial, además de selectiva (por afectar a las más pobres) es insostenible. Ningún Estado cuenta con los recursos para llevar a 500 mil mujeres a la justicia e incluso imposible porque cada vez más, la práctica del aborto se reduce a los confines del hogar por el uso del misoprostol, el segundo medicamento más seguro según la OMS, después de la mifepristona que no es ilegal en el país.

Pero la intención de impedir que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos actúa también de otras maneras como el aumento desproporcionado del precio del misoprostol (de $500 en 2015, a $2900 en la actualidad); una mayor burocratización y control en las farmacias y el accionar de los prestadores médicos que tienen conductas abusivas.

El meollo radica en que si una mujer puede decidir sobre su maternidad, caen los estereotipos de género establecidos que asignan a las mujeres un destino reproductor. (Burton, 2017)

En su trabajo ¿Hay derecho a la custodia? Las mujeres y el aborto, Ramón Michel sostiene que estas micro-penalidades persiguen anular la autonomía de las mujeres y definir su lugar en la sociedad. La prohibición del aborto equivale a una obligación -la de soportar un embarazo, parir, criar un hijo ser madre como destino natural.

Foto: Josefina De Mattei

La criminalización del aborto o su sobreregulación no son más que formas de vigilar ese destino.

El sistema patriarcal genera opresión en las mujeres desde un montón de lados. Son necesarias políticas integrales que cambien esas lógicas pero cambiar esas lógicas es cambiar el sistema económico y político en el que vivimos, por eso nadie lleva a cabo esas transformaciones” (militante feminista, 35 años).

La variedad de situaciones que habitan detrás de los embarazos no deseados fueron sintetizadas a partir del año 2005 por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, bajo la consigna “Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.

Cada ítem es fundamental para que las mujeres ejerzan su derecho a decidir cuándo reproducirse, tengan una vida sexual libre y no sean condenadas a la muerte por no cumplir con el mandato maternal de la sociedad actual.

Luche y llegue al Congreso

Foto: Victoria Nordenstahl

El 6 de marzo se presentó por séptima vez el proyecto de Despenalización del Aborto en el Congreso, aunque es la primera vez que llega al recinto.

Mientras el gobierno aplica el retroceso del Estado en sus políticas sanitarias y, el Derecho a la Salud de las mujeres se ve más restringido, resulta difícil creer que la ley se sancione.

La problemática del aborto puesta sobre la mesa, circulando por las redes sociales, inundando las pantallas televisivas, copando las plazas a lo largo y a lo ancho del país, es la conquista de las mujeres que no claudicaron un sólo día en su lucha, en unidad y construyendo poder.

Un poder entendido no como dominación sobre alguien, sino con alguien, con una otra que acompaña. Por más que el gobierno empuje en la dirección contraria, el tratamiento en el Congreso indica que la lucha feminista está más fuerte que nunca.

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