La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires enviará un pedido reiteratorio al intendente solicitando la información que ya había demandado hace más de un mes atrás. La nueva requisitoria se realiza porque el municipio no brindó la información y se vencieron los plazos contemplados.
En la última reunión que mantuvieron vecinas autoconvocadas con representantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia se determinó la necesidad de solicitar al municipio de Luján toda la información correspondiente a la llegada de Araucaria Energy.
A partir de la preocupación de las vecinas afectadas y de la insistencia para acceder a documentos públicos ocultos por el intendente Oscar Luciani, el organismo comandado por Guido Lorenzino envió el pedido de información con destino a la secretaria de Gobierno Rita Sallaberry el día 27 de diciembre. La nota fue recibida el día 8 de enero pero al 30 del corriente mes el intendente no aportó documentación alguna.
La requisitoria también se envió al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y a la Autoridad del Agua (ADA) quienes tampoco acusaron recibo.
Firmado por el Dr. Jorge Raul Ruesga, desde provincia intentan obtener información para «esclarecer los hechos denunciados, en un todo de conformidad con lo prescrito por el artículo 25 de la Ley 13834, se ha resuelto correr traslado del contenido de la queja a la repartición a vuestro digno cargo, a efectos que tenga a bien remitir a esta Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en el plazo de quince (15) días, informe escrito».
Los pedidos concretos que la gestión no respondió y se volverán a solicitar son:
- Remitir copia de los expedientes vinculados a la mencionada Centra Térmica de Generación de Energía Eléctrica.
- El estado actual de las obras, detallando estado de avance y si actualmente se encuentran paralizadas o no.
La Defensoría del Pueblo es un órgano de garantía, unipersonal, autónomo e independiente, que promueve los derechos individuales y colectivos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires y quienes se encuentren en tránsito por ella. Esta fue una de las tantas puertas que tocaron las mujeres que reclaman por la instalación ilegal de Araucaria Energy.
«En tal sentido, según expresan y la información que han aportado, dicha Central Termoeléctrica se encuentra categorizada en la Tercera Categoría industrial (ley 11459) sobre terrenos no aptos para el uso pretendido y aún no habría obtenido el Certificado de Aptitud Ambiental, en clara infracción a todo el procedimiento administrativo y a la normativa ambiental, Art 23 de la Ley provincial 11723», expresa la nota recibida por Oscar Luciani y enviada por la Defensoría.
La requisitoria es clara, sin el Certificado de Aptitud Ambiental (CCA) la planta no puede siquiera existir aunque hoy cuenta con el 80% de la construcción en pie. Previo al CAA existe la Declaración de Impacto Ambiental que es un paso inmediato anterior, citado en el artículo que utilizó la Defensoría para solicitar la suspensión de las actividades, además de otras desprolijidades vinculadas a la información pública.
«Sin haber obtenido previamente la Declaración de Impacto Ambiental, deberá ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal correspondiente. En el supuesto que éstas omitieran actuar, el proyecto podrá ser suspendido por cualquier autoridad judicial con competencia territorial sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar», establece el artículo. Y completa:
«Asimismo se acordará la suspensión cuando ocurriera alguna de las siguientes circunstancias:
Inciso a): Falseamiento u ocultación de datos en el procedimiento de evaluación.
Inciso b): Incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto».
Con este panorama, la gestión de Cambiemos en el mando del intendente Luciani suma nuevas negativas a la apertura de los datos, informes y expedientes que hacen al caso de termoeléctrica en Luján.
Incumple con el Régimen de libre acceso a la Información Pública Ambiental que «garantiza el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Al mismo tiempo desatiende los pedidos de los organismos provinciales y, por último, se complementa con la decisión del bloque de concejales que se negó a aprobar un proyecto de comunicación que apuntaba a la transparencia informativa.