La institución educativa que funciona desde 2009 quedó en las inmediaciones de la planta ilegal construida por Araucaria Energy y semanas atrás envió carta a documento al OPDS ya que no atendieron una solicitud anterior. Además dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones judiciales para prohibir la instalación.

La problemática del arribo de la termoeléctrica que afecta a la comunidad que vive en las cercanías de la ruta 6 y 34 suma nuevos reclamos. El modo en el que Araucaria Energy construyó su planta cuenta con un prontuario de errores, desprolijidades o acuerdos oscuros, según de dónde se hable.

Lo cierto es que, objetivamente, hay un reconocimiento dado por todos los sectores políticos y sociales, los que están a favor como los que están en contra: la termoeléctrica no puede estar allí. Más, nunca pudo haber comenzado a construirse. Y uno de los actores de la comunidad educativa que no había dado pasos claros en los cuestionamientos era el New Zealand Pacific School.

Ahora, y al no recibir respuestas por parte de organismos públicos, la institución movió las fichas con intenciones de conocer algo del estado de situación en el que se encuentra una central térmica evaluada con el nivel de categoría III y que será su próxima vecina a un par de cuadras o escasos 800 metros.

“Como consecuencia de ello -expresa el comunicado difundido entre la comunidad del colegio- desconociendo si efectivamente se ha llevado a cabo por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) el correspondiente estudio de impacto ambiental, y si el mismo ha sido evaluado y aprobado, con el fín de conocer efectivamente sobre las consecuencias que el mismo podría generar en el ambiente y particularmente en las personas que habitan en la zona; esta Institución Educativa ha efectuado un requerimiento de informe al mencionado Organismo, sin hasta la fecha haber obtenido respuesta alguna”.

De esta manera el día 22 de Febrero de 2018 se ha remitido una carta documento dirigida al Licenciado Rodrigo Aybar quien es el director ejecutivo del OPDS. Allí se lo intima a que “en el plazo perentorio de 48 horas de recibida la misma, se nos informe si efectivamente se ha efectuado el estudio de impacto ambiental, y en su caso si el mismo ha sido aprobado”.

El pedido también reclama la entrega de una copia completa del estudio: “No sólo para evaluar la misma con profesionales que contrataremos al efecto a los fines de conocer las eventuales consecuencias que nos podría traer aparejado, sino además para poner en conocimiento de todas las familias que integran nuestra comunidad educativa”.

Como si fuera poca la preocupación respecto a la peligrosidad que afecte al estudiantado, para el perfil del NZPS no resulta para nada menor lo que implica a cuestiones ambientales.

En sus presentaciones públicas como oferta educativa esgrimen que es fundamental incluir un trabajo sistemático “con el objetivo de lograr una actitud consciente con respecto al medio que nos rodea, responsabilidad en la protección del medio ambiente y los recursos naturales, como también formación y desarrollo de hábitos amigables con el medio ambiente”.

Finalmente, otra de las advertencias del New Zealand  reside en efectuar las reservas tendientes a promover las acciones tanto en instancia administrativa como judicial, con el fin de obtener el dictado de las medidas judiciales que por derecho correspondan que impidan la continuidad de los trabajos de obra por la mencionada empresa de energía, sino además la suspensión y prohibición de la instalación de la planta termoeléctrica indicada.

En este sentido el reclamo tiene concordancia al que venían sosteniendo desde el primer día las vecinas afectadas. Sin embargo en el avance de las medidas tendientes a defender su comunidad, el pedido actualmente es por la erradicación definitiva, tomando en cuenta las irregularidades conocidas.

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