Desde la Comisión de Control y Seguimiento advirtieron que el municipio pretende desdoblar la entrega de viviendas pese a los 20 millones que sumó el Instituto Provincial de la Vivienda.

      G Ledesma

No es la primera vez que el municipio dilata sus promesas en la construcción de 202 viviendas sociales. La segunda etapa de construcción que comenzó en enero, según el municipio debía finalizar para Mayo de 2018 incluyendo 88 viviendas, luego una tercera y última etapa para completar las 202 viviendas.

Guadalupe Ledesma, integrante de la Comisión de Control y Seguimiento del Proceso de Relocalización de Familias Inundadas informó esta mañana en Ladran Sancho que “estamos preocupados porque nos hemos enterado ayer que planean entregar 30 viviendas en dos meses y 58 en otro momento”.

Ledesma explicó que “esta decisión nos pone nuevamente en un proceso de selección de 30 familias y hace que la relocalización total sea cada vez más lenta”. Aclaró que desde la comisión “no estamos de acuerdo con esta medida” y remarcó que se están incumpliendo (una vez más) los plazos acordados.

“Los vecinos que esperan ser relocalizados están angustiados, piden ser relocalizadas las 88 familias como se había prometido y que el municipio no los ponga a competir entre sí por una vivienda digna” señaló Ledesma.

Además, recordaron que en noviembre el Concejo Deliberante aprobó una modificación al convenio original para que el municipio reciba 20 millones de pesos más por parte del Instituto Provincial de la Vivienda para esta segunda etapa que implica la construcción de 88 viviendas.

Sobre aquella modificación al convenio original el concejal Fernando Casset anticipó que habría al menos otros dos cambios para recibir fondos. En una última etapa se revestirán con material las primeras 30 viviendas prefabricadas entregadas. Sin embargo Ledesma remarcó que “esas casas se vienen deteriorando de forma considerable y no nos están escuchando”.

Varios vecinos reclaman una audiencia con el intendente Oscar Luciani y con el sec. de obras públicas, Ing. Marcelo Gutiérrez. Por ahora quien se comprometió a recibir las demandas fue el subsecretario de políticas sociales, Carlos Romero.

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