El Ente Nacional Regulador de la Electricidad publicó una resolución donde emitió un certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para que Araucaria Energy se conecte a TRANSBA y así al sistema interconectado. Allí se omitió la falta de Certificado de Aptitud Ambiental y se estipuló una «posible» audiencia pública. ENRE, TRANSBA y Cambiemos avanzan, mientras en Luján silenzio stampa.
Desde que el Araucariagate tomó estado público en nuestra ciudad los hilos que daban movimiento a los actores locales se veían llegar hasta la mismísima Casa Rosada. Luján cayó como parte de una serie de ciudades donde los negocios debían llevarse a cabo sin ningún reparo. Tras meses de conflicto respecto al uso del suelo y la instalación ilegal que hizo Araucaria Energy con su termoeléctrica, en estos momentos la situación está sin salida desde el plano municipal, pero con viento en popa por otros pasillos.
A Santiago Del Sel -CEO de Araucaria- le duró un par de días la intención de acercarse a la comunidad local y la dupla Irusta Cornet-Geraldina Stornini debieron correrse de la vinculación con el oficialismo, tal como lo expresan desde Cambiemos, tras el bochornoso accionar en las últimas sesiones del Concejo Deliberante.
Ahora, mientras en Luján las novedades residen en presiones empresariales y el silencio de la gestión se hace protagonista, entraron en escena los responsables superiores de la puesta en marcha de la termoeléctrica. Uno de ellos es el presidente del ente regulador (ENRE), quien emitió permisos de conexión para Araucaria y TRANSBA. Este último es el otro actor fuerte: dicha firma pidió la conexión entre la termoeléctrica y su transportadora, la cual pertenece a Pampa Energía donde manda Marcelo Mindlin, el empresario de confianza de Mauricio Macri.
«El emprendedor Marcelo Mindlin, quien el mes pasado anunció que compraba la constructora de la familia presidencial, hasta entonces en manos del primo Ángelo Testaferra y un cuñado del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín» apareció a la cabeza de la nómina cuando «blanqueó bienes por 770 millones de pesos, equivalentes a 44 millones de dólares, una suma homóloga a la que trascendió que habría pagado por la constructora de los Macrì: entre 40 y 50 millones», publicó Horacio Verbitsky, en una investigación sobre el blanqueo que lo terminó eyectando de Pagina12 para evitar males mayores.
«Pampa trabaja en los tres segmentos de negocios: generación, transmisión (co controlante de Transener y Transba), y distribución, a través de Edenor», explica la propia web de Pampa Energía. TRANSBA, dueña de la transportadora que se encuentra contigua a la termoeléctrica presentó el pedido al ENRE haciendo caso omiso a la situación irregular que atraviesa su vecino generador de energía: a toda costa, el negocio debe seguir.
Por otro lado, la dirección del ENRE, el organismo que dio cauce a la solicitud, está a cargo de Andrés Chambouleyron desde enero de 2018 y cuando asumió se generó polémica debido a su antecedente de 2015, cuando se lo conoció como el «padre del tarifazo». En su llegada al ENRE desde Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores se quejaron del ingeniero formado en las escuelas de Domingo Cavallo. Con el rol de «regular la actividad eléctrica y de controlar que las empresas del sector cumplan con las obligaciones», desde el organismo nacional aceptaron el pedido de TRANSBA y Araucaria, aun con las irregularidades conocidas.
Incluso días atrás el OPDS comunicó y reconfirmó a este medio que la firma no cuenta con los permisos hasta que el Concejo le otorgue el uso del suelo: «No dimos ningún certificado, por lo tanto no se puede avanzar», explicaron. Así, con una zonificación todavía trunca que le impide obtener el Certificado de Aptitud Ambiental y una termoeléctrica construida ilegalmente, Araucaria Energy igualmente solicitó junto a TRANSBA el permiso para la conectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Lo hizo ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y dicho organismo informó:
«Dar publicidad del pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte presentado por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.) a requerimiento de la empresa ARAUCARIA ENERGY SOCIEDAD ANÓNIMA, consistente en la instalación de la Central Térmica (CT) Lujan II de 127 MW y la emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra consistente en la instalación de equipamientos eléctricos de potencia necesarios para la conexión en el Campo 05 (Salida en 132 kV.) disponible en la Estación Transformadora (ET) Lujan II de 132/33/13.2 Kv y la construcción de UN (1) Cable Armado Subterráneo (CAS) de 132 kV de aproximadamente DOSCIENTOS CINCUENTA (250) metros de longitud hasta la nueva ET a construir denominada CT Lujan II».
El apuro de Araucaria Energy lo definen las multas que debe afrontar como también la intención de dar un paso clave de ganar seguridad para sus inversionistas: conectarse a la sistema interconectado. Pero más que una conexión, la empresa se está enganchando de la red.
En la comparación que surge de las dos últimas resoluciones que firmó el ENRE para la conexión de las plantas de Araucaria en Luján y en Pilar queda evidenciado la inexistencia del Certificado de Aptitud Ambiental para la planta que está en nuestra ciudad y la valoración que hace el ente en el caso de Pilar, que luego de haberla construido -también con conflicto en la zonificación, aunque en aquel caso resuelto a favor de la empresa- sí contó con los permisos. Incluso para los pilarenses se prevé una audiencia pública que en el caso de Luján quedará sujeta a realizarse siempre y cuando haya «reclamos».
«Si bien de acuerdo a la legislación vigente, la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto corresponde a la Autoridad Ambiental Jurisdiccional (OPDS), se procedió a verificar el contenido del referido estudio, en lo que atañe a las obligaciones emergentes de las Resoluciones SE N° 15/1992 y SE N° 77/1998…», es una de las menciones del ENRE en el caso Pilar, pero no redactado ni señalado para Luján.
En otro pasaje, concretamente expone que «por Nota de Entrada N° 250.624 EDENOR S.A., acompaña el Certificado de Aptitud Ambiental (CAA) para la Central Térmica Matheu III, que incluye las obras de vinculación con la SE Matheu». En el caso de Luján, no se encuentra en ninguno de los considerandos ni argumentos lo referido a dicho certificado obligatorio que exigen las propias resoluciones de las licitaciones.
«Del análisis de la documentación aportada por ARAUCARIA ENERGY S.A. surge que las instalaciones asociadas al acceso al SADI de la CT Luján II, cumplen con las obligaciones emergentes de la Resolución Ex-SE N° 77/1998″, por lo tanto el texto hace referencia únicamente a la conexión pero no a la obra de la central termoeléctrica, hoy ilegal y sin permisos.
¿Y en Luján? Por estos pagos y de cara al próximo lunes cuando nuevamente haya sesión, el Concejo Deliberante aún no definió cómo seguirá el tratamiento de la central termoeléctrica. Con tres sesiones concluidas en escándalo y que contó con patotas llevadas por Araucaria Energy, el panorama no exhibe claridad alguna
En este escenario, desde el radicalismo local se generó un canal de diálogo con las familias afectadas donde se les expuso las definiciones a niveles nacionales y provinciales. «Nación ya le dio permisos y habilitaciones», se soltó en el encuentro, aunque -claro- en el caso Araucaria Energy los teléfonos descompuestos sobran.