El poder judicial entró en escena en la ciudad vecina. A partir de un amparo frenó el inicio de operaciones de APR Energy. El fiscal de la causa fue por más y pidió abrir una causa por posible comisión de delito de acción pública por parte de funcionarios. Preocupación en el sector político de Luján por efectos similares.

La llegada de la empresa Araucaria Energy, dueña de la termoeléctrica, pasó a ser un tema central en las discusiones de los sectores políticos de la ciudad de Luján y las noticias que llegan desde distritos que pasan situaciones similares generan más preocupación.

No solo por el lugar al amparo que dio el juez Adrián González Charvay en Pilar, sino también por la posibilidad que funcionarios políticos sean implicados luego del pedido del fiscal en aquella ciudad. 

“Por último, atento a los dichos esbozados por los amparistas sobre la posible comisión de delito de acción pública por parte de funcionarios municipales y/o provinciales y la eventual comisión de otras conductas delictivas, solicito se forme causa por separado con el fin de que se me corra vista conforme Art 180 CPPN”, requirió la presentación del fiscal federal subrogante Pedro Mariano Rebollo.

Respecto al freno de la puesta en marcha de la termoeléctrica de APR Energy en Pilar, el Juez Federal Adrián González Charvay aceptó hacer lugar a la medida cautelar, y se le ordena a la empresa lo siguiente:

“La suspensión de la construcción de la central termoeléctrica, de su operación y/o ensayos de prueba y/o acopio de combustible, y/o el indebido uso de las aguas subterráneas y/o aguas de red, desvío de desagües naturales, emisiones sonoras, efluentes gaseosos, vertido de efluentes líquidos, movimiento y compactación de tierra, construcción de calles consolidadas, manejo y/o acopio de combustibles; la prohibición del uso del recurso hídrico subterráneo y/o de red pública y la suspensión de vertidos de efluentes líquidos; todo ellos hasta tanto se dicte sentencia definitiva en las presentes actuaciones”, es el resumen del fallo del juez.

La medida cautelar fue presentada por los vecinos organizados de las localidad de Villa Rosa, del Partido de Pilar. El patrocinio estuvo a cargo del abogado Gustavo Madeira.

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