El Interbloque Peronista solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por la polémica de los parquímetros. Con la medida buscan determinar si el intendente vulneró las facultades del Concejo Deliberante.
La implementación del sistema de Estacionamiento Medido está llegando a niveles insospechados: ahora, desde el interbloque Peronista integrado por Erica Pereyra, Vanina Pascualín, Facundo Romero y Silvio Martini, se presentó un proyecto de resolución para que intervenga la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
“Frente al conflicto desatado por la aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido, decidimos presentar un proyecto de Resolución dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ya que consideramos que el Decreto N° 759 firmado por el Intendente Luciani vulnera las atribuciones propias de Honorable Concejo Deliberante”, redactaron en el proyecto.
En la última sesión del Concejo Deliberante la discusión pasó por el famoso artículo 2° de la ordenanza que pone plazos a la implementación del sistema y en caso de no ser cumplidos determina la suspensión en todo el partido. Esa ordenanza fue reglamentada, promulgada y publicada el intendente; sin embargo tiempo después, y mediante un decreto del 4 de mayo, el departamento ejectivo extendió los plazos para hacerlos correr a partir de la firma de un acta con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional -La Plata-, a cargo de realizar los trabajos correspondientes al Sistema)
Tras 48 horas de la sesión, los concejales del interbloque peronista encontraron la manera de comenzar a esclarecer el exceso en las atribuciones que consideran por parte de Oscar Luciani. Ayer por la tarde se dieron los primeros armados para la presentación de la resolución y hoy la hicieron pública. La misma, establece que:
VISTO:
La Ordenanza N° 6763/16 referida a la autorización de la tarifa para el Sistema de Estacionamiento Medido (S.E.M.) y al plazo de vigencia establecido en dicha norma;
Los DECRETOS N° 2299/16, y 759/17 del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Lujan; y,
CONSIDERANDO:
Que en la Sesión de fecha 22/12/2016 se aprobó la Ordenanza 6763.
Que el DEPARTAMENTO EJECUTIVO, mediante DECRETO N° 2299 de fecha 27 de diciembre de 2016, promulgó la ORDENANZA N° 6763 del S.E.M.
Que mediante ORDENANZA N° 6763/16 se autorizó un régimen tarifario para el S.E.M., a la vez que se determinó un plazo de implementación para la zona turística o Zona Historico-Basilical de 90 (noventa) días corridos, a partir de la vigencia de la mencionada Ordenanza;
Que el Articulo Nº 2 de la Ordenanza 6763 reza: “…el plazo de implementación del Sistema de Estacionamiento Medido en la zona Turística deberá completarse en un plazo de 90 días corridos desde la entrada en vigencia de la presente Ordenanza. Vencido el plazo sin que se implemente el Sistema en la Zona Turística se suspenderá la aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido en todo el Partido de Luján”
Que asimismo, el DEPARTAMENTO EJECUTIVO emitió el DECRETO N° 759 de fecha 4 de mayo del corriente año, disponiendo que se computen otros plazos distintos a los previstos por la ORDENANZA N° 6763; poniendo “en vigencia” nuevamente el S.E.M.
Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 77 establece que “las Ordenanzas serán consideradas Ley en sentido formal y material”, por tanto de cumplimiento obligatorio para el Departamento Ejecutivo;
Que a simple lectura de la ordenanza Nº 6763 y del Decreto del Departamento Ejecutivo Nº 759/2017 surge la existencia de un conflicto de competencia, ya que el Decreto mencionado, altera de manera manifiesta el alcance del articulo Nº 2 de la Ordenanza Nº6763.
Que según el Articulo Nª 196 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires los conflictos internos de las municipalidades, sea que se produzcan entre los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo, sea que ocurran en el seno de este último, los de las distintas municipalidades entre sí o con otras autoridades de la Provincia, serán dirimidos por la Suprema Corte de Justicia.
Que según el Art 261° de la Ley Orgánica de las municipalidades: (Texto según Ley 11866) Los conflictos a que se refiere el artículo Nº 196 de la Constitución deben ser comunicados a la Suprema Corte, la cual dispondrá que se suspenda la ejecución de las disposiciones controvertidas y la sustanciación del juicio.
Que en la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia resulta competente para dirimir los conflictos internos de las municipalidades, como así también los externos que se susciten entre diferentes municipios o entre municipios y con autoridades de la provincia.
Que el conflicto se configura cuando existe una “efectiva contienda” acerca de las respectivas competencias de los Departamentos que componen el municipio (Ejecutivo y Deliberativo), situación que observamos, entre el Artículo Nº 2 de la Ordenanza mencionada ut supra y el Decreto emanado por el Departamento Ejecutivo.
Que para plantear el conflicto de poderes interno de carácter institucional, solamente se encuentran legitimados los Departamentos Ejecutivos (Intendente Municipal) y Deliberativo (Concejo Deliberante), y el órgano jurisdiccional local (Jueces de Faltas).
Que el planteo de conflicto de competencia, no reviste el carácter de una demanda. Consecuentemente se considera suficiente la denuncia del conflicto y la clara exposición de los hechos que lo fundamentan. En virtud de su trascendencia institucional se busca un trámite rápido y sencillo. Además se ha sostenido que no constituye estrictamente un “juicio” con partes antagónicas que exponen sus pretensiones ante un “juez” a través de una “demanda” y “contestación”. Así lo estableció la S.C.B.A., B57914, 25/3/97 “Hernández, Manuel c/Concejo Deliberante de San Miguel” s/ Conflicto art. 261 L.O.M.”
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