Desde el bloque de Unidad Ciudadana expresaron críticas al comunicado que ofreció el municipio respecto a la termoeléctrica. El documento, acompañado por otras fuerzas políticas, menciona las “mentiras” del gobierno y la gravedad de la situación.

Desde Unidad Ciudadana y con las firmas de Silvio Martini, Federico Guibaud, Vanina Pascualín, Gabriel Jurina, Silvia Scarzo, María Guadalupe Ledesma, Braian Vega y Matías Fernández, se criticó la postura tomada por el municipio en el conflicto de la central termoeléctrica.

La opinión de Unidad Ciudana señala que “a través de un comunicado el gobierno expresó que Luján no generará energía eléctrica”. Nos preocupa cómo el gobierno relata un proceso que parece que los tomó por sorpresa, cuando tenemos datos y argumentos suficientes para señalar que el municipio fue consciente de lo que se estaba generando a todo momento. Por ello, quienes suscribimos y que oportunamente presentamos una acción de amparo, queremos señalar algunos elementos en relación a la información difundida por la Municipalidad.

Asimismo, enumera los siguientes problemas: “En primer lugar, el gobierno considera que dentro de un plan nacional “se previó en el Partido de Luján” la instalación de una de las plantas de Araucaria Energy S.A. cuando en verdad el Ministerio de Energía solo aportó una lista de lugares donde había facilidades para conectar la energía generada al sistema interconectado nacional y donde una de las posibilidades era “Luján/Mercedes”.  En verdad, la empresa inició sus trámites ante la municipalidad para radicarse en Luján el 28 de septiembre de 2016.

A continuación evidencian algunas contradicciones como mentiras: “Dice la Municipalidad que ´por medio de la Ordenanza Nº6923 el Honorable Concejo Deliberante autorizó el emplazamiento de esa actividad en el predio previsto para su instalación´. Queremos señalar que los Concejales firmantes votaron en contra de esa norma, que fue una ordenanza propuesta por el Intendente para su tratamiento y que es mentira que sea el ´predio previsto´ porque al momento de llegar el expediente al Concejo Deliberante la planta ya se encontraba prácticamente terminada y lista para funcionar”.

“Otro punto grave es que ´se entendía que la generación de energía eléctrica era, técnicamente, un servicio, no una industria´. En este sentido, más de seis expedientes fueron creados por Araucaria Energy, pasaron por áreas de la Secretaría de Producción y Turismo; Secretaría de Infraestructura, obras y servicios públicos; Dirección de Medio Ambiente; Dirección de Planeamiento. ¿Ningún alto funcionario pudo detectar de que se trataba la planta? ¿Autorizaron los planos sin saber que la central era para generar energía eléctrica?´”, se pregunta.

“El comunicado miente nuevamente al señalar que ´como consecuencia de ello, y de inmediato, el Departamento Ejecutivo dispuso la paralización de las obras´. Antes de disponer de la paralización de las obras y cuando el municipio ya sabía que la empresa era de categoría 3, estando prohibidas su radicación por Ordenanza Municipal, el Intendente primero promulgó la Ordenanza de rezonificación y casi una semana después, procedió a firmar el decreto de paralización al que hacen mención”, señala el texto.

Respecto a la participación académica creen que es “urgente y conveniente poder hacer vista de todos los expedientes y trámites realizados, que ya fueron solicitados por la comisión de Urbanismo, Planeamiento urbano y rural del Honorable Concejo Deliberante y por la cual no hubo respuesta del Departamento Ejecutivo”.

Cumplida hoy la fecha clave para el inicio de las actividades de la termoléctrica Unidad Ciudadana pide que el “Intendente asuma la total responsabilidad para garantizar el cumplimiento estricto de las normas. El Departamento Ejecutivo es el único responsable de lo que pasó y lo que pueda pasar en relación a este caso que sigue estando envuelto en dudas e incertidumbres”.

Para finalizar, apuntan a la responsabilidad “particular y preventiva que atiende a que en razón de los potenciales daños irreparables e irreversibles sobre el ambiente, no se puede avalar cualquier tipo de emprendimiento desde el Estado (sea cual fuere él) sin conocer las consecuencias que pueda acaecer”.

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